Ministerio y patronales del sector en pro de la recuperación económica

Hace poco menos de un mes nos hacíamos eco en el Blog de Mapei del Plan para que la obra pública y la vivienda sean una palanca para la reactivación económica. Hoy damos un paso más allá, recogiendo las líneas maestras de la Ley de Movilidad Sostenible y el Plan de rehabilitación urbana del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, confrontado con las opiniones de los directivos de la patronal de empresas constructoras de obra pública (SEOPAN), de los promotores privados de vivienda (APCE), y del Consejo superior de colegios de arquitectos de España (CSCAE), vertidas en el encuentro telemático “El sector de la construcción: palanca de la recuperación económica”, organizado por el Observatorio 2030 del propio CSCAE.
 15 de junio de 2020. 19:34

Ábalos presentará a final de año una Ley de Movilidad Sostenible y anuncia un plan de rehabilitación urbana para crear 700.000 empleos. Durante su intervención en el Senado, el ministro aseguró que, en colaboración con la iniciativa privada, se pretende multiplicar por diez la oferta actual, pasando de 30.000 a 300.000 obras de rehabilitación al año

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, anunció la pasada semana en el Senado que su departamento presentará a finales de año un Anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte. El texto “marcará criterios para seleccionar inversiones, avanzar en la sostenibilidad financiera de las infraestructuras y resolver inconsistencias del modelo viario”, en palabras del ministro.

Del mismo modo, Ábalos abrió el debate de la creación de un nuevo marco para la financiación de infraestructuras y afirmó que Transportes seguirá “explorando aquellas fórmulas de colaboración con el sector privado mediante contratos de concesión que permitan abordar actuaciones prioritarias, pero siempre salvaguardando la viabilidad futura de estas fórmulas”. Tanto su Ministerio como el de Hacienda trabajan de forma coordinada para presentar a Eurostat “un modelo que equilibra los riesgos y que posibilitará desarrollar proyectos concretos a corto plazo”. La clave está en que esta inversión, que movilizará recursos privados, no compute en el déficit.

Durante su intervención en la Cámara Alta, el ministro también confirmó que el Gobierno trabaja en un plan nacional de rehabilitación urbana a gran escala, en colaboración con la iniciativa privada, que pretende multiplicar por diez la oferta actual, pasando de 30.000 a 300.000 obras de rehabilitación al año y que podría movilizar hasta 700.000 puestos de trabajo. Una muestra más de su apuesta por la construcción y la vivienda como palancas de crecimiento y empleo, tras la crisis del Covid-19.
“Es un plan con una ambición tremenda que pretende hacer al año diez veces más de lo que estamos haciendo ahora en rehabilitación”, aseguró Ábalos, quien confía en que la iniciativa privada sea un aliado básico y fundamental. “De lo contrario no seremos capaces de levantar la inversión que requiere el plan”, apuntilló. Ésta es una de las propuestas que desde Transportes han hecho al Ministerio de Economía dentro del paquete de reconstrucción europeo, que podría destinar a España 140.000 millones de euros en inversiones, y que desde el departamento Ábalos "aspiran a que lo puedan financiar", explicó.


Alquiler: parque público y sistema de índices del precio

Con respecto al alquiler, el Gobierno también trabaja con el sector privado para conformar un parque público de pisos en renta mediante sistemas de cesión de derechos de superficie o concesiones administrativas de suelo público. "En estos meses, hemos avanzado para cerrar con el Ministerio de Hacienda y las autoridades europeas, con Eurostat, un modelo que equilibra los riesgos y que posibilitará desarrollar proyectos concretos en breve plazo", explicó el ministro. Asimismo, Ábalos anunció que el Gobierno presentará, en un breve plazo de tiempo, los resultados del sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda, previsto para finales del pasado mes de marzo, y que la crisis del coronavirus obligó a retrasar. Con su puesta en marcha, los ayuntamientos podrán ofrecer incentivos fiscales a los propietarios que tengan en cuenta este índice, a la hora de establecer sus precios.

La reactivación del sector y la economía pasa por una estrategia integral y la colaboración público-privada

SEOPAN, APCE Y CSCAE estiman que dar respuesta a las necesidades del país en materia de infraestructuras, vivienda, renovación urbana y energía generaría más de cuatro millones de empleos. 
- El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda subraya la apuesta del Gobierno para impulsar la vivienda protegida, aumentar el parque público en alquiler y promover la rehabilitación y renovación urbana, implementando la Agenda Urbana Española

Infraestructuras, vivienda, energía y territorio, renovación urbana y políticas públicas han sido los cinco ejes que han vertebrado el encuentro telemático “El sector de la construcción: palanca de la recuperación económica”, organizado por el Observatorio 2030 del CSCAE (Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España).

Desde estas cinco perspectivas complementarias, se ha analizado la importancia del sector en el complejo escenario derivado de la pandemia de Covid-19. Todos los intervinientes han coincidido en el potencial del sector para generar cientos de miles de puestos de trabajo y en la necesaria colaboración público-privada para garantizar el acceso a la vivienda y transformar nuestros pueblos, ciudades y territorios a partir de una estrategia integral y a largo plazo que alinee objetivos y ofrezca un marco jurídico estable que dé confianza y atraiga la inversión.


Aumentar el parque público de vivienda
El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas Parrón, ha señalado que, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se está trabajando en diferentes propuestas para que la recuperación económica sea duradera y la protección social, “un elemento de referencia para que nadie se quede atrás”. En concreto, el derecho a una vivienda digna a un precio asequible. En este sentido, ha subrayado la necesidad de aumentar el parque público de vivienda, “inferior a la media europea y que ha supuesto problemas de acceso a la vivienda para muchos ciudadanos y ha podido tensionar los precios de alquiler por falta de oferta”. Para ello, ha dicho: “Tenemos que activar suelos suficientes y necesarios para hacer reservas para vivienda protegida y, sobre todo, agilizando los planeamientos urbanos para que se puedan desarrollar lo antes posible”.

Lucas Parrón ha destacado, igualmente, el impulso a la vivienda pública de alquiler a través de instrumentos, como el Plan 20.000, y ha calificado de “imprescindible” la colaboración público-privada. En este sentido, ha recordado que el parque público de vivienda en alquiler no llega al 2,5%, mientras que la media en Europa se sitúa en torno al 15% y, tomando como referencia los datos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), ha señalado que 10 millones de inmuebles necesitan una rehabilitación energética y que, sin embargo, la cifra actual “es muy pequeña”: 31.000 solo el año pasado. “El reto es mayúsculo y se necesitan muchos recursos económicos”, ha recalcado el secretario general, que ha anunciado que su departamento intensificará la acción pública en coordinación con el sector para implementar y desarrollar la Agenda Urbana Española con el fin de “modificar comportamientos y que mejore la calidad de vida de los ciudadanos”. Asimismo, ha abogado por la agilización de la tramitación de licencias, ayudando a los ayuntamientos para que hagan un mejor uso de las tecnologías disponibles o reduciendo los procesos administrativos.

La renovación urbana como motor económico
El presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Lluís Comerón, ha destacado la importancia de acometer la renovación energética de esos 10 millones de viviendas, pero ha advertido de que las necesidades de rehabilitación no se limitan únicamente a una adecuación medioambiental. El 50% de los 25,5 millones de inmuebles que conforman el parque residencial en nuestro país tiene problemas de accesibilidad. No está adaptado a las necesidades de una población cada vez más envejecida –ha lamentado Comerón– . Y, además, es precisa una adecuación funcional generalizada porque “nuestras vidas son distintas a las de las generaciones anteriores y antes de la epidemia ya no encajaban con nuestras demandas”.

Con datos de otros países europeos similares al nuestro, como Portugal, Francia o Italia, donde la tasa de ocupación en rehabilitación, con un 3,9%, dobla prácticamente a la de España, que se sitúa en el 2,2%, Comerón se ha mostrado convencido del potencial de la renovación urbana como motor económico. Solo alcanzando ese porcentaje, se crearían 400.000 empleos, puesto que –como ha explicado– la rehabilitación es un sector muy intensivo en mano de obra y, por cada millón de euros invertidos, se generan entre 18 y 54 empleos en función de la obra. Y, además, la Administración ahorraría dinero en prestaciones por desempleo: “De los 12.000 millones de inversiones al año que nos llevarían a acercarnos a nuestros vecinos europeos, un tercio (4.000 millones) retornaría a las arcas públicas en ahorro en prestaciones por desempleo, sin tener en cuenta el ahorro en coste personal y social”. Por eso, reivindicando “acciones de máxima urgencia para que el sector no pare”, ha subrayado: “Hay que cambiar el ritmo de rehabilitación del PNIEC, pensado para otro momento y con otras perspectivas”.

Por último, también ha apelado a un marco normativo y a medidas que faciliten la apuesta de los propietarios por la rehabilitación, y por entender la puesta en marcha de un Plan Nacional de Vivienda, un Plan Nacional de Renovación Urbana y la futura Ley de Arquitectura y Calidad del entorno construido como un conjunto integrado para promover la rehabilitación, pero también el resto de los desafíos relacionados con la vivienda y las ciudades en nuestro país.

Impulso a la vivienda
Como consecuencia del confinamiento para contener la propagación del coronavirus, el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Juan Antonio Gómez-Pintado, ha resaltado el valor de los espacios que habitamos y la importancia de que estén bien diseñados, y ha expuesto cuatro líneas de actuación en materia de vivienda que son complementarias y generarían 1,2 millones de empleos en total. La primera es estimular la compraventa, un ámbito en el que sería necesaria la colaboración de las administraciones públicas, el Estado a través del ICO y/o entidades financieras, y la iniciativa privada, los promotores.

En este sentido, APCE pide al Estado un compromiso de aval para que aquellos que no hayan tenido capacidad de ahorro, pero sí dispongan de capacidad de pago, puedan comprar una vivienda. “De esta forma, solventaríamos un problema estructural”, ha valorado.

Otra medida que ha considerado “fundamental” es estimular la vivienda en alquiler con un IVA “superreducido” y seguridad jurídica, porque –ha explicado– “inversores internacionales tienen interés en invertir en nuestro país, pero consideran que no hay suficiente transparencia o falta de seguridad jurídica”. También ha abogado por modificar la Ley de Propiedad Horizontal para estimular la rehabilitación de viviendas y edificios. Por último, en materia de formación, ha abogado por un programa de formación profesional dual que haga atractivo el trabajo en el sector, que vive un proceso de envejecimiento de las plantillas.

Infraestructuras
Para reactivar la economía, que es, en estos momentos, “la prioridad” de nuestro país, el presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN), Julián Núñez, ha considerado urgente que “todos nuestros políticos aparquen las diferencias y se centren en nuestro futuro inmediato”. Esto es, en apoyar a las empresas. En materia de infraestructuras, ha lamentado: “Hemos perdido una década como consecuencia de la crisis anterior. Se dejaron de invertir más de 220.000 millones de euros”. En estos momentos, las necesidades de inversión para garantizar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 serían necesarios 157.000 millones. Esta inversión tendría generaría más de 2,3 millones de empleos y tendría un retorno fiscal del 49%, equivalente a 7.000 millones de euros. “Esto requiere revisar el modelo de financiación y recuperar la colaboración pública-privada y el modelo concesional”, ha apuntado.


Fuentes: Fuentes  - Cinco Días, RTVE, FLC y el Observatorio Inmobiliario

 

 

Comentarios

Load more comments

 

Manténgase en contacto

Suscríbase a nuestro boletín para recibir las noticias de Mapei